Además de los 31 académicos, científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Fiscalía General de la República (FGR) también tiene en la mira a la directora del organismo, María Elena Álvarez-Buylla, quien fue denunciada desde hace más de un año por desacato a un mandato judicial.
De acuerdo con El Universal, esto deriva de 2019, cuando el Conacyt desconoció la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por lo que los integrantes de la mesa directiva del mismo, tramitaron un amparo.
El juicio fue admitido en un septiembre de 2019, por el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, quien concedió una suspensión para que el Conacyt entregara recursos al Foro Consultivo para seguir operando mientras se resolvía el amparo.
Pero por varios meses el Conacyt no entregó los recursos y en marzo de 2020, el juez ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para investigar a Alvarez-Buylla Roces, en su carácter de directora del consejo, por supuesto desacato.
La FGR inició la carpeta en octubre de ese año, pero no fue sino hasta junio de 2021 que solicitó al juez enviar copias del expediente de amparo, el incidente donde se determinó que se incumplió con la suspensión y un informe del estado procesal del juicio.
A la fecha, el juez de amparo no ha podido remitir las constancias que le fueron requeridas por la FGR:
“Lo anterior es así en virtud de que los autos originales del juicio en que se actúa fueron remitidos al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para la substanciación de los recursos de revisión interpuestos contra la sentencia terminada de engrosar el 31 de diciembre de 2019, en la cual, por un lado, se sobreseyó en el juicio, y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa”, indicó el juez.
Estos recursos fueron resueltos el 14 de julio pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que es legal que el Conacyt entregue los recursos al Foro Consultivo hasta el ejercicio 2019, pues así estaba estipulado en la normativa interna del consejo hasta 2020, cuando fue reformada y el fondo fue eliminado.
Pese a ello, la FGR ha insistido en que la constitución del foro y la transferencia de recursos del Conacyt al mismo, al menos de 2013 a 2018, son ilegales y ha intentado en dos ocasiones obtener órdenes de detención contra 31 exintegrantes del Conacyt y del foro.
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