Un juez federal ordenó la detención formal con fines de extradición del presunto líder de la mafia rumana, Florian Tudor, y determinó que el acusado debe continuar bajo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
De acuerdo con Milenio, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte el juez resolvió lo anterior dentro del proceso de extradición 18/2021, mientras que será la Secretaría de Relaciones Exteriores quien decida en definitiva, si concede o rehúsa la extradición.
El pasado 28 de julio se realizó la audiencia en la que el juzgador ordenó la detención formal con fines de extradición contra Tudor bajo los cargos de creación de un grupo delictivo organizado; instigación a chantaje, chantaje e instigación a la tentativa de homicidio agravado.
Fue el 28 de mayo que se ordenó la detención provisional con fines de extradición con lo que comenzó a correr un plazo de 60 día para que gobierno de Rumania presentara la petición formal a su similar de México.
La documentación fue entregada y la Fiscalía General de la República (FGR) la presentó ante el juez hace unas semanas, lo que significa que los juicios de amparo promovidos por Florian tudor contra la detención provisional con fines de extradición serán sobreseídos, es decir, ya no serán estudiados.
Empero, sigue vigente una suspensión de oficio que evita que sea extraditado de manera inmediata por lo que se espera que en los próximos días, otro juez federal emita una opinión jurídica de si debe extraditarse al rumano, opinión que no es vinculante.
La opinión del juez, junto con el expediente debe enviarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta decida en definitiva, dentro de los veinte días siguientes, si concede o no la extradición.
Florian Tudor y dos presuntos integrantes de su organización criminal fueron vinculados a proceso en México acusados de realizar más de 5 mil 500 operaciones irregulares de disposición de efectivo en cinco entidades del país con lo que el monto sustraído podría sumar más de 70 millones de pesos.
A principios de este mes, también se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
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