El consejero presidente del Intituto Nacional Electiral, Lorenzo Córdova, afirmó que la consulta sobre las decisiones tomadas por actores políticos será el mejor ejercicio de participación ciudadana en la historia del País, a pesar de los intentos por desacreditar al árbitro electoral.
Luego que ayer el presidente de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de obstaculizar la consulta del 1 de agosto, Córdova recordó que la autoridad federal y la Cámara de Diputados negaron los recursos necesarios para instalar un mayor número de mesas de votación y ataron las manos al árbitro electoral para promover ese ejercicio entre la población.
En la Cámara de Diputados, a donde acudió a entregar los expedientes de las y los diputados electos por el principio de mayoría relativa, dijo que en principio habían planteado la instalación de 104 mil mesas de votación, pero debido a que el costo era de mil 499 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda les pidió reducir costos.
Córdova recordó que la segunda propuesta fue la instalación de 91 mil casillas, con lo que se reduciría el costo a 890 mil millones de pesos, pero también les negaron los recursos, por lo que el próximo 1 de agosto, el INE no podrá instalar más de 57 mil casillas, toda vez que el costo estimado del ejercicio será de 500 millones de pesos.
El titular del INE dijo que si bien el ejercicio no va a ser el ideal, porque les hubiera gustado instalar más mesas de votación, la consulta sí va a contar con todas las garantías que han caracterizado los procesos organizados por el INE.
«Por ahí andan diciendo que como hay tan pocas casillas, no se va a poder garantizar la voluntad ciudadana. Miren, ningún ejercicio de consulta popular o ejercicios similares legales o extralegales ha tenido tantos centros de votación ni tendrá todas las garantías como las que va a tener la consulta del primero de agosto», afirmó.
Córdova le espondió a Delgado que la 64 Legislatura, de la que él formó parte, ató las manos al INE para promover la consulta, pues modificaron la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del año pasado, para establecer que ésta entraría en vigor hasta el 15 de julio de 2021, y no al día siguiente como originalmente lo aprobaron.
Lo anterior, recordó, porque desde tribuna los diputados reconocieron que dejar la convocatoria original en sus términos, implicaba impedir que hubiera propaganda gubernamental desde el 28 de octubre hasta el día de la consulta.
«Ayer un ex diputado federal dijo que había sido el INE el que fijó esa fecha, eso es falso, la fijó el Congreso de la Unión y el INE siempre ha respetado la Constitución y hoy estamos impedidos para desplegar los esfuerzos de convocatoria, de difusión de convocatoria hasta que la misma, hasta que la convocatoria no entre en vigor, y no entra en vigor sino hasta el 15 de julio», insistió.
Delgado acusó ayer que el INE empezará a promover la consulta a partir del 15 de julio porque no quieren que la gente se entere del ejercicio.
El consejero presidente dijo que espera que no se repita el contexto de descalificación del árbitro electoral que se registró en el pasado proceso.
«Ojalá la consulta no sea vista por algunos actores políticos como un pretexto para deslegitimar a la institución que más confianza tiene por parte de la ciudadanía en este País, que es el INE. El INE le va a cumplir a la ciudadanía, a pesar de los intentos de descalificación de su trabajo, así hemos trabajado, lamentablemente, y probablemente sigamos trabando así, pero es importante que las cosas se sepan, porque hay muchas mentiras en el ambiente. Consulta va a haber y va a ser exitosa», afirmó.
Sobre las versiones de que funcionarios del INE son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Córdova dijo esperar que esa institución los investigue bien, porque en el Instituto nada se oculta.
«Lo voy a decir con una sola frase: nadie oculta nada y ojalá y si nos están investigando se nos investiguen bien, porque en el INE no se oculta nada, pero sí sería muy lamentable que se utilice el aparato del Estado con fines políticos y para tratar de amedrentar a un órgano que ha demostrado con creces su imparcialidad y su autonomía respecto de los intereses políticos y económicos».
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