Como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) compareció ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, asegurando que afirmó que los esfuerzos de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, así como la política gubernamental contra la corrupción y la impunidad están dando resultados positivos, y se ha alcanzado ya el punto de inflexión.
Su comparecencia se llevó a cabo este miércoles por la mañana donde refirió que el logro de resultados y la satisfacción ciudadana son los dos conceptos claves de la misión de la SFP y expuso que la eficacia cierra los espacios a la corrupción.
Explicó que el fortalecimiento del control interno es una tarea permanente, con ese propósito, en el último año la SFP participó en 718 sesiones de los Comités de Control y Desempeño Institucional de 219 de las 241 instituciones públicas, lo cual representó un incremento de 192 por ciento respecto del periodo anterior.
“Mediante visitas de control acompañamos a 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del Gobierno Federal, con el objetivo de prevenir irregularidades, identificar áreas de oportunidad, mejorar procesos e impulsar una gestión eficiente y austera. Este acompañamiento significó una cobertura del 74 por ciento, esto es, 400 mil millones de pesos, de los 542 mil asignados”, aseveró.
En cuanto a la protección del patrimonio público federal, informó que se dictaminaron los estados financieros de 353 entidades y 16 proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales, además de 8 fideicomisos en proceso de extinción. El universo de los recursos que se dictaminaron fue de 12 billones de pesos.
Roberto Salcedo afirmó que en el combate a la impunidad se sancionó a 155 licitantes y proveedores con multas en conjunto por 154 millones de pesos, 300 por ciento superiores a las del periodo anterior. Las faltas más recurrentes fueron en proporcionar información falsa o actuar con dolo en los procedimientos de contratación, así como incumplir obligaciones contractuales.
Respecto de los procedimientos de responsabilidad administrativa, señaló que el universo fue de 9 mil expedientes, de los que 5 mil 800 se resolvieron y 3 mil continúan en sustanciación. Asimismo, destacó que se impusieron 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 servidores públicos, las cuales consistieron en mil 351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones públicas y privadas, 599 suspensiones y 216 destituciones, además de 219 sanciones económicas por un monto de 3 mil 658 millones de pesos.
Añadió que la SFP presentó 134 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, y falsificación de documentos; ilícitos vinculados, en su mayoría, con adquisiciones de bienes y servicios, y obras públicas.
El secretario Roberto Salcedo Aquino concluyó que: “el principio de responsabilidad nos impele a continuar con la lucha que hemos emprendido y a fomentar de manera universal la ética pública en el manejo de los recursos que nos pertenecen a todos. El nombre de la Secretaría nos indica el rumbo: que lo público funcione y lo haga con probidad”.
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